Parlasur y la lucha democrática en Venezuela
Escrito por Emilio Nouel V. | @ENouelV   
Viernes, 24 de Febrero de 2017 07:58

altEl presidente Fernando Henrique Cardoso dijo en cierta ocasión que el Mercosur era hijo de la democracia, y, en efecto, lo ha sido.

No sólo porque coincidió con el advenimiento de la democracia en sus países miembros, después de años de dictaduras militares, sino también porque con el tiempo incorporó a su ordenamiento jurídico la cláusula democrática. 

Ciertamente, luego de muchos intentos a lo largo de décadas, la idea inicial del Barón de Río Branco a comienzos del siglo XX, tomó cuerpo formal cuando los países del Cono Sur, excepto Chile, suscribieron el Tratado de Asunción (1991). 

Esta evocación la hago, porque los gobiernos de los países miembros fundadores, como se conoce, han declarado que Venezuela, miembro también, ha cesado como tal, habida cuenta de la desidia de nuestro gobierno en la aprobación de un conjunto de instrumentos jurídicos indispensables para ejercer la membresía de pleno derecho en ese bloque comercial.

Este estatus jurídico general y poco claro para Venezuela, plantea, entre otros asuntos, el de la condición de los parlamentarios venezolanos en Parlasur. 

Venezuela ha ‘cesado’ en Mercosur, según la decisión mercosuriana. Sin embargo, algunos han dicho que una vez que nuestro país incorpore al derecho venezolano aquellos instrumentos normativos, volvería a ser miembro con todas las de la ley. 

¿Qué se puede interpretar por ‘cesación’?

¿Dejó de ser miembro de Mercosur de manera definitiva o provisional? ¿Volvió a la condición de miembro asociado?  ¿cuál es realmente su cualidad en ese régimen de integración?

Porque ‘suspendida’ no está, como fue el caso de Paraguay en el año 2011. Fue aplicada a este la cláusula democrática (Protocolos de Ushuaia). Pero los compromisos de naturaleza comercial se mantuvieron, no implicó limitaciones al comercio o al tránsito de personas. No fueron cesados ni suprimidos. Solo fue excluido de las reuniones formales, por ende, de las decisiones, hasta que se realizaran nuevas elecciones presidenciales.

En la actualidad, Venezuela no participa, al igual que Paraguay en aquel período de suspensión, de reuniones formales y decisiones. Está excluida, pero no echada del bloque, aunque no sabemos sí es esa la intención de fondo.

Esta situación particular, nebulosa e imprecisa, generó un debate al interior de Parlasur que apuntaba a definir cuál debería ser el estatus de los diputados venezolanos allí. Estos fueron designados por nuestra Asamblea Nacional, no están elegidos directamente sino por un procedimiento de segundo grado,  aunque gozan de legitimidad democrática. Y esto fue así, por causa de una decisión que el gobierno venezolano impuso antes de efectuarse las elecciones de diciembre de 2015, impidiendo que los venezolanos eligiéramos a nuestros representantes al Parlasur.

Parlasur fue creado mediante tratado, y allí se lee que es “independiente y autónomo” (artículo 1º ).

Si interpretamos correctamente tal disposición, este ente no estaría obligado a suprimir o suspender la representación democrática de un país, en caso de que por razones de incumplimiento de normas, atribuido a un gobierno, sea ‘cesado’ por los órganos ejecutivos del bloque. De hecho, los parlamentarios paraguayos, en el asunto mencionado más arriba, no fueron suspendidos como diputados parlasurianos. Y si hubo alguna intención de hacerlo, que pudo darse, eso no fue formalizado, que sepamos.   

De modo, pues, que, a nuestro juicio, la situación de ‘cesación’, sea lo que sea que ella signifique para Venezuela, hasta tanto no haya una expulsión de Venezuela del bloque, la presencia de parlamentarios venezolanos en el Parlasur debía ser reconocida y admitida, como en efecto sucedió esta seman. No sólo tiene un sustento jurídico válido, es también la aplicación del principio democrático, toda vez que los diputados en ejercicio son una genuina expresión de legitimidad democrática expresada en las urnas electorales en diciembre de 2015.

Obviamente, no escapa a nosotros que todo este asunto, más allá de lo jurídico, es político, diría, más bien, esencialmente, político. Que había un interés de parte de la tiranía militar-cívica chavista de quitar esa importante tribuna a la representación de los demócratas venezolanos, que tanto hace falta en momentos en que ella arrecia sus acciones represivas y contra los derechos humanos, acusada como está por graves denuncias que la vinculan a delitos diversos.

Por otro lado, tenemos entendido que Parlasur ha solicitado del Tribunal Permanente de Revisión del bloque un pronunciamiento acerca de la legalidad de la medida de cesación acordada contra Venezuela, la cual cuestionan. Sobre el particular, hemos opinado en anterior ocasión, respaldándola;  sin embargo, dejaremos para una próxima entrega un alcance a ella.  

En cualquier caso, creemos que queda a los partidos políticos venezolanos luchar con firmeza para que ese espacio democrático no les sea arrebatado.

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