Donald Trump y la OPEC
Escrito por Enrique González Porras | X: @enriquergp   
Lunes, 14 de Noviembre de 2016 00:00

altA lo largo de su precampaña y su campaña electoral enmarcada en la contienda por la presidencia de los Estados Unidos de América, el recién electo presidente, Donald Trump,

publicó un libro titulado “Time to Get Tough: Making America # 1 Again”. Tal título en traducción libre que diría “Tiempo de Ponerse Rudo: Haciendo a América la Número 1 de Nuevo”; constituyó el logo-tema de la campaña electoral del candidato republicano.

En ese libro publicado en su primera edición en el año 2011, Trump presenta una sección breve titulada “Demandar a la OPEP”. A lo largo de las escasas tres páginas que dedica Trump a la OPEP, el presidente electo de USA “denunciaba” y reclamaba que hasta la fecha los intentos por investigar y sancionar al cartel petrolero de acuerdo a la norma antimonopolio americana habían resultado infructuosos, en parte por culpa de la Corte Federal que en el 2002 y en subsecuentes apelaciones habría decidió: “Under the current state of our federal laws the individual member states of OPEC are afforded immunity from suit brought for damage caused by their commercial activities when they act through OPEC”.

Así las cosas, según Trump plantea,  para subsanar este escollo para demandar a la OPEC, tendría que asegurarse que el Congreso pase primero, y luego el presidente la firme, una ley denominada “No Oil Producing and Exporting Cartels Act” (NOPEC); la cual fungiría como una modificación del Sherman Antitrust Act, haciendo ilegal que cualquier gobierno extranjero y/o empresa pública petrolera actúen colectivamente para limitar la producción y fijar los precios del crudo.

Propuestas de esta naturaleza, desde el año 2000, han sido presentadas en cuatro ocasiones ante el Comité Judicial del Senado con apoyo tanto de republicanos como de los demócratas. Sin embargo, según Trump, los temores de presidentes como George W. Bush  respecto a que una medida de este tenor podría ser interpretada como una acción hostil por parte de USA hacia el Medio Oriente, paralizó este tipo de iniciativas, para evitar desestabilizar políticamente esa región del planeta. Aún así, Trump asegura que de igual manera no existe estabilidad política en el Medio Oriente. Adicionalmente, Thomas W. Evans asesor de George H. W. Bush, habría asegurado las siguientes palabras que Trump suscribe y parafrasea en su libro: “Isn’t starting a lawsuit better than starting a war?”

Por su parte, Kevin Cramer, congresista americano quien ha estado asesorando a Trump en política energética, es uno de quienes ha estado promoviendo investigar a la OPEP por prácticas comerciales desleales. Cramer, republicano representante del estado petrolero de North Dakota, ha dicho que USA requiere examinar si el cartel petrolero ha estado actuando anticompetitivamente para mantener su posicionamiento en el mercado, especialmente dada la importancia de la energía para la seguridad nacional; pudiendo finalizar una nueva investigación con una decisión consistente en la imposición de unas sanciones o remedios.

Según reseñó el portal Web del Financial Times el 18-05-2016, las preocupaciones referidas a las actuaciones de la OPEP se han incrementado en USA ante el resultado y efecto del colapso de los precios del petróleo, lo que ha generado la quiebra de más de 130 empresas petroleras americanas con costos estimados de 131.000 puestos de trabajo.

Por su parte el demócrata, Collin Peterson y el republicano Trent Franks estiman que de demostrarse el despliegue de una práctica anticompetitiva por parte del cartel, se recomendarían políticas del tipo impositivo, de comercio, entre otras.

Según el Financial Times, Trump habría propuesto en el pasado aplicar restricciones al comercio del petróleo, incrementando la posibilidad de que USA pueda prohibir las importaciones provenientes de Arabia Saudita para presionarlos a que colaboren con la lucha contra ISIS.

De todo lo dicho anteriormente debe destacarse que existirían dos razonamientos o tesis sobre eventuales prácticas anticompetitivas, con efectos diametralmente opuestos sobre la economía americana. De los primeros tres párrafos del presente artículo se desprende la tesis de cartelización para concertar la limitación de la oferta por parte de la OPEP para que el precio de mercado resulte superior a la situación contrafactual de inexistencia del cartel. En este orden de ideas, los profesores del Kings College London, Jones y Sufrin[1] recuerdan que la mayoría de los casos donde los oferentes buscan la fijación de precios, involucra alguna forma de colusión para fijar tanto los precios como una serie de cuotas de venta. En algunos casos la implementación de cuotas resulta más viable y fácil de instrumentar y operar que una política o estrategia de fijación de precios. De hecho, un mecanismo de fijación de cuotas, mientras resulte efectivo, imposibilita que ningún miembro de este tipo de acuerdos se beneficie de un recorte en sus precios, si efectivamente se encuentra obligado a acatar las restricciones de oferta y si el monitoreo de tales cuotas resulta relativamente fácil. Adicionalmente, una decisión de plegarse a un mecanismo de imposición de cuotas de oferta podría facilitar la colusión para aquellos casos donde los participantes con distintas estructuras de costos, no verían con buenos ojos la fijación de precios para sus productos. Los sistemas de cuotas o de restricción de la oferta operan de forma que al limitarse el volumen de producto dirigido al mercado, el precio para vaciar el mercado o equilibrar la oferta y la demanda tenderá a aumentar, en comparación con una situación que sin imposición de cuotas implicaría una oferta agregada superior[2]. La OPEP constituye un ejemplo de los mecanismos de cuotas voluntarios, que en ocasiones ha funcionado, a pesar que lleva el germen del desvío de la colusión a lo largo del tiempo[3].

La otra tesis asomada por Cramer, que resultará útil recordar es un representante de un estado americano petrolero; consiste en el supuesto despliegue de prácticas desleales del tipo predación que ha empujado a la salida del mercado a numerosos actores económicos en el sector petrolero americano. Las prácticas predatorias, por medio de las cuales, según esta hipótesis, los países miembros de la OPEP han estados bloqueando la entrada o forzando a la salida a competidores como los productores de petróleo americano, se fundamentaría en una sobreoferta que termina hundiendo los precios del mercado a niveles predatorios para conservar sus cuotas de mercado.

Los carteles tienen que excluir a los outsiders o potenciales entrantes del mercado, si es que desean incrementar los precios, por lo que por lo general erigen barreras de entrada o despliegan prácticas del tipo entry deterrence, raising rivals’ costs o prácticas predarorias, restringiendo la libertad de otros a entrar en el mercado[4]. Sin embargo, hasta qué punto competir en precios, especialmente por parte de oferentes eficientes con costes bajos como los miembros de la OPEP, puede ser alegada como una práctica predatoria –obviamente existen test económicos para construir esta tesis o para defenderse de una acusación de este tipo-. Más allá, mientras mayor sea el precio fijado por un cartel mayor serán los incentivos creados para que nuevos productores entren al mercado. De hecho, una vez que se ha incurrido en el costo de capital y este ha sido hundido, resulta más complicado persuadir a los propietarios a cerrar sus facilidades productivas[5]. En este orden de ideas Valentine Korah asegura que incluso la OPEP debe asegurarse de que el precio del petróleo no aumente demasiado para que no demasiadas terceras partes inicien o incrementen actividades de exploración y producción[6]. La misma lógica sobre los riesgos de desvío o amenaza de los cárteles es la que predica Richard Posner respecto a los monopolios, consistente en que mientras exista monopolio y precios monopólicos, mayor los incentivos para entrar en esos mercados con rentas extracompetitivas[7]. Resulta interesante imaginar que si no existiese restricciones de oferta –como podría pensarse en episodios de guerra de precios o cuando se irrespetan las cuotas del cartel- los fijadores de precios serían los productores marginalistas, y siendo que son los oferentes eficientes los que inundan el mercado, terminará prodiciéndose niveles de precios lo suficientemente bajos para que igualmente no puedan entrar los productores americanos de esquisto, ni las arenas de alquitrán canadienses que habrían iniciado su penetración significativa por los altos niveles de los precios del petróleo mostrados en el año 2006. Hasta qué punto le resultará económica y políticamente viable argumentar en una eventual demanda de Trump contra la OPEP, la tesis de predación, cuando la competencia en el mercado suele tener los mismos efectos de desplazamiento de los competidores menos eficientes que las prácticas predarorias y dado adicionalmente que terminan beneficiando a los consumidores americanos como explicaremos a continuación. ¿Constituye el episodio de precios bajos la disolución del cartel y en consecuencia el resultado de una competencia en el mercado o por el contrario la “guerra de precios” constituye un mecanismo de castigo o  punishment del cartel? (Sugerimos ver nuestro análisis al respecto ).

La primera tesis que señaláramos expuesta por Trump en su libro apuntaría a señalar y atacar la práctica concertada de los miembros de la OPEP de restringir la oferta para incrementar los precios del petróleo. Ante este escenario los ganadores en USA serían los productores petroleros americanos que por resultar oferentes marginalistas, podrían entrar y mantenerse en el mercado, en detrimento de los consumidores intermedios y finales americanos que como nación continúan siendo un importador neto del crudo.

Por el contrario, en la segunda tesis de Prácticas predatorios de precios, los ganadores serían los consumidores intermedios y finales americanos y los grandes perdedores los productores petroleros americanos.

Muy gruesamente, podríamos pensar que con precios elevados, las simples transferencias entre los consumidores americanos a los productores de petróleo americano no ejercerían efectos sobre el bienestar social neto (por resultar una simple transferencia), mientras que la transferencia de los consumidores americanos a los exportadores foráneos implica un efecto neto negativo sobre el bienestar social americano. Adicionalmente, todo consumidor supramarginal que deja de demandar petróleo por un nivel de precios altos, implica una pérdida social producto del ejercicio de poder de mercado.

Valga destacar que para el gobierno de Maduro, la tesis a la que le apostaría es exactamente la misma a la que le apostaría los productores petroleros americanos, que sería quebrar la guerra de precios en la OPEP con el pretexto de que constituye una estrategia predatoria que perfecciona una situación de competencia desleal. Lo anterior siempre y cuando implique volver al sistema de cuotas y aumente el precio del petróleo, y no que una sobreoferta originalmente destinada a USA y en el futuro bloqueado su acceso, presione a la baja el precio en el mercado internacional.

En el mercado petrolero mundial existió un hito histórico respecto a la estabilidad de los precios hacia finales de los 1960s. Como lo destaca Armentano[8] a partir de esta fecha, pasando por 1973 en adelante, para el sector petrolero americano, ha significado la pérdida de su peso relativo en el mercado mundial, especialmente porque sus empresas en el momento nunca poseyeron derechos de propiedad sobre los yacimientos que trabajaban. Sin embargo, con precios elevados, los productores americanos marginalistas de esquisto pudieron desarrollar una serie de empresas y un nivel de extracción adicional alrededor de 4 mm b/d a lo largo de los últimos cuatro años.

Ambas tesis de supuesto despliegue de prácticas anticompetitivas por parte de la OPEP poseen argumentos basados en sus efectos económicos. Sin embargo, una podría tener por bien tutelado el bienestar social de los americanos –o el excedente de los consumidores americanos y el efecto derrame de precios más bajos-, mientras que la otra luciría como una captura de la acción pública. Más allá, si los remedios que se asoman son instrumentos arancelarios o restricciones al comercio, se estaría ponderando a los productores petroleros americanos más que proporcionalmente que a los consumidores, así como a los ingresos arancelarios producto de las importaciones. Una medida de este tenor, que no luce como protección directa al consumidor, podría desatar incentivos internacionales para iniciar una “guerra regulatoria” de aplicación discrecional de las políticas para retener excedentes en los países, reduciendo el comercio internacional. Este es ciertamente uno de los riesgos del populismo nacionalista que se ha estado señalando internacionalmente. Amanecerá y veremos qué de lo anunciado en campaña es aplicado efectivamente en las políticas del nuevo gobierno americano, y cuál es la fuerza de lobby de los distintos grupos de interés.


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Notas


[1]
Jones Alison y Sufrin Brenda: EU Competition Law: Text, Cases, and Materials. Fifth Edition. Oxford University Press. 2014.

[2] Marshall Robert y Marx M. Leslie: The Economics of Collusion: Cartels and Bidding Rings. The MIT Press. 2012.

[3] Jones Alison y Sufrin Brenda: EU Competition Law: Text, Cases, and Materials. Fifth Edition. Oxford University Press. 2014.

[4] Korah Valentine: An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice. Ninth Edition. Hart Publishing. 2007.

[5] Idem.

[6] Idem.

[7] Posner Richard: Antitrust Law. Second Edition. The University of Chicago Press. 2001.

[8] Armentano Dominick T.: Antitrust and Monopoly: Anatomy of a Policy Failure. Second Edition. The Independent Institute. 1999.


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